El Sol de San Juan del Río
23 de marzo de 2010
Mario León Leyva y Héctor Ayala
PRIMERA DE DOS PARTES
No nos escuchan porque somos pobres y además indígenas, recriminan Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, para quienes la justicia en México "no existe" puesto que "los que realmente hacen cosas feas no están aquí", al tiempo que lanzan un "ya basta" al Presidente Felipe Calderón para que las libere luego de 3 años de encierro en el penal de San José El Alto, donde reciben en exclusiva a DIARIO DE QUERETARO.
Las rejas del Centro Preventivo y de Ejecución de Sanciones Penales se abren, como seguramente se abrirán en unos días para Alberta y Teresa, y permiten escuchar de viva voz la indignación de estas mujeres. No obstante, también hay palabras de agradecimiento hacia el Gobernador José Calzada y los senadores que en Comisión plural las visitaron apenas este domingo, así como a las ONGs que las defienden.
"Ya basta, ya basta de tanta injusticia, sólo si el presidente nos da la libertad va a cambiar nuestra forma de pensar del Gobierno, porque sigo pensando que si de veras estuvieran haciendo su trabajo no estuviéramos aquí encerradas".
"Si el Presidente quisiera, a la voz de ya diría que nos dejaran libres y que no espere que de aquí a julio se resuelva nuestra situación", exclama con hartazgo Teresa, llevando en brazos a su hija Jazmín que nació dentro del penal hace apenas un año.
El de estas mujeres es un caso paradigmático del sistema penal mexicano. A insistencia del Gobernador de Querétaro, el Senado creó una comisión especial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo "de oficio" las apelaciones a la sentencia de 20 años de cárcel por el cargo de secuestro, mientras que Alberta enfrenta uno más, el de posesión de droga que, nos aclara, nunca le ha sido comprobado.
Ellas fueron detenidas en su pueblo, Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco, el 3 de agosto de 2006, cinco meses después de un operativo federal antipiratería en el que se decomisaron discos de autoría apócrifa y donde supuestamente seis personas de la AFI fueron privados de la libertad a petición de estas indígenas de origen ñañu. Al mismo tiempo, también fue detenida Jacinta Francisco Marcial, quien liberada la madrugada del 16 de septiembre pasado.
Desesperadas por la falta de apoyo, Teresa y Alberta enviaron una carta al Presidente Felipe Calderón pidiendo su ayuda. "Dijo que nos iba a apoyar y jamás, jamás recibimos respuesta del presidente, lo único que hizo el Presidente Felipe Calderón fue mandarnos una carta donde nos decía que nos iba apoyar, que nos iba a orientar que para ver qué se podía hacer... ¡ah! Y mandarnos un abogado de oficio, pero nosotros lo que pedíamos era nuestra libertad".
Ese abogado, narran, no les dio ninguna esperanza "y sólo nos decía ¡ay muchachas, su caso es muy difícil, no creo que salgan pronto de aquí y nos íbamos para abajo".
El panorama cambió recientemente, cuando José Calzada Rovirosa hizo suya la defensa y fue al Distrito Federal a gestionar la revisión del caso ante el ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, y la Presidencia del Senado.
"El Presidente, como ahora el Gobernador de Querétaro, hubiera tomado cartas en el asunto desde un principio y nuestro caso ya se hubiera resuelto. El único que tiene en sus manos resolver las cosas es el presidente, pero por ser pobres no nos hace caso", interviene Alberta, fúrica.
Teresa la secunda con otro reclamo, el más fuerte de la larga lista que tienen: "el Presidente por ser pobres, por ser indígenas no nos hace caso, por no tener dinero. Y yo siempre lo he dicho en los medios de comunicación, cuando llegan a nuestro pueblo queriendo nuestro voto, hay sí nos prometen esto, nos prometen lo otro... los pueblos indígenas tienen derecho a esto o a lo otro. Y cuando realmente los necesitamos, no vemos el apoyo".
LA CNDH, TAMPOCO
A simple vista, Teresa es la más frágil, pero al momento de denunciar es la más elocuente y expresiva. Tiene ojos verdes. Dice que son de su papá, ese al que apenas conoce y al que recientemente corrió de la visita familiar en el penal. "Sólo venía a preguntar si había secuestrado a los agentes o no. Me vio en la televisión y vino". Afuera, sólo tiene a su marido y adentro a su hija Jazmín, quien es la fuerza que la mantiene viva.
Levanta la voz para recriminar también la falta de apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, institución que en su momento sólo tomó la queja, pero que les dio nulos resultados. "Derechos Humanos también vino, incluso muchas veces yo los corrí, porque les decía que a qué vienen si me dices que no puedes hacer nada por mí, que no está en tus manos, entonces a qué vienes a verme.
"Les dije yo no quiero que vengan a prometerme esto o lo otro, yo lo que quiero ver es con hechos no con palabras", exclama queriendo manotear y sin poder hacerlo, porque carga a la pequeña Jazmín, arrullada por la plática en el patio de visita, a la sombra de una de las cuatro torres desde las cuales se vigila a las 151 internas, tres de ellas indígenas: Alberta, Teresa y Dionisia García Hernández.
APOYO DE CALZADA,
LA CORTE Y EL SENADO
Afloran sus recuerdos sobre los tres primeros años de prisión, época en que gastaron mucho dinero en un abogado particular, sin recibir apoyo de ninguna índole. No como ahora, cuando el respaldo del Gobernador las ha dado tantas esperanzas de libertad y ha generado reacción de la Corte y hasta la visita de una Comisión del Senado, encabezada por Manlio Fabio Beltrones. El proceso para su liberación ya es un caso de la agenda nacional. También destacan la defensa de Amnistía Internacional y el Centro Agustín Pro Juárez.
"El anterior Gobierno nunca nos hizo caso, jamás. Pero ahora sí ya. Ni con el gobernador anterior ni con el director anterior del CERESO.
"Nos sentíamos solas, abandonadas, nadie nos hizo caso. Hasta ahora que cambió a este nuevo Gobierno, con el señor Gobernador -José Calzada- ya sentimos más apoyo de él y todo. También el Centro ahora con la nueva directora, tenemos más apoyo con ella.
"Decidimos cambiar el abogado que teníamos que era particular, porque ya no teníamos recursos económicos, ya nos habíamos endeudado mucho, y fue cuando decidimos agarrar a los de la organización Agustín Pro, que son los que traía anteriormente Jacinta".
Sobre la visita que recibieron este domingo de la Comisión Plural Investigadora, integrada por Manlio Fabio Beltrones, Socorro García Quiroz, Tomás Torres Mercado, Amira Gómez Tueme y el diputado Rubén Moreira Valdez, las indígenas ñahñu dicen que les da un gran aliento, porque representa una presión para sacarlas el penal.
"El senador Manlio nos dijo que él le pedía al Presidente que nos dé la libertad, que no esperara a que la Corte dictara nuestra libertad, que está en sus manos girar la libertad inmediata.
"Esta presión nos da esperanzas de que sí se va a solucionar nuestro caso, que por fin el gobierno va a dejarnos ir libres... Yo pienso que esto es a raíz de esa presión y también de que el Gobernador se está metiendo en el caso, también los senadores", nos dijo Teresa, risueña, un gesto difícil de mostrar dentro de un penal.
Alberta y Teresa, catalogadas por la ONU como víctimas de triple discriminación: "contra mujeres, contra mujeres indígenas y contra mujeres pobres", han soportado además incontables atropellos en prisión. Algunos, a la distancia, ahora les provocan risas, pero otros, los más graves, permanecerán siempre en su memoria y nunca los superarán, como el hecho de haber perdido hasta ahora tres años y siete meses de vida en libertad...
CONTINUARA
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