El gobierno de Mauricio Kuri afecta a por lo menos mil 500 empresas medianas y grandes que ya operan en la entidad y representan más de cuatro mil 500 empleos directos

Luis Carriles | El Sol de México

lunes 31 de octubre de 2022

Foto: Archivo | Diario de Querétaro

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La aplicación del impuesto a la emisión de gases a la atmósfera que pretende cobrar este año el Gobierno de Querétaro es de los más altos que se cobran en todo el mundo, los comparativos que se hacen con otras latitudes ponen a las tarifas impositivas mexicanas sin comparación alguna, incluso frente a esquemas fiscales europeos que son los más restrictivos.

El esquema de cobros del impuesto ecológico involucra a más de una dependencia, porque se tienen que enterar a la Secretaría del Medio Ambiente federal, la Secretaría de Desarrollo Sustentable que es local, y además se requiere la aprobación de la Secretaría de Finanzas, pese a que ambas atienden el mismo asunto.

Un comparativo hecho por especialistas del sector, señala que, por ejemplo, el impuesto por emisiones de gases en Querétaro es 100.8 por ciento más alto que el mismo impuesto que se cobra en Suiza, y 90 por ciento más alto que Dinamarca. Incluso las tarifas impositivas que buscan cobrar son las más altas del país.

Mientras que en Suiza se cobra el equivalente a 268.32 pesos por tonelada de gases, y en Dinamarca se hace el cálculo por 284.16 pesos, el Gobierno de Querétaro quiere cobrar 538.83 pesos, el equivalente a 5.6 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

El costo de una tonelada de emisiones en Australia es de 336.36 pesos y la de Querétaro está 60.24 por ciento por arriba. En el caso de Canadá, el costo es de 486.3 pesos por tonelada, lo que implica que la tarifa local es 10.8 por ciento más alta.

De acuerdo con las tablas de costos a escala nacional, los impuestos que pretende cobrar el Gobierno de Querétaro son poco competitivos, de hecho, es la entidad que más alta tiene la tasa.

Frente a Nuevo León, por ejemplo, el diferencial es del 100 por ciento porque allá cuesta 268.45 pesos la tonelada de emisiones de gases. Frente a otras entidades el costo es mayor aún, en el caso de Yucatán, el diferencial del costo del impuesto es de 107.4 por ciento, y frente a Zacatecas el diferencial es aún más grande, de 115.5 por ciento.

Medidos en UMA, Querétaro cobra las 5.6, Nuevo León 2.79; Yucatán lo hace con 270 y Zacatecas lo hace directo en pesos con 250.

RECAUDACIÓN CERO

El Gobierno de Mauricio Kuri González logró que los impuestos ecológicos fueran aprobados de manera unánime por el Congreso estatal, sin embargo, no presentaron en la iniciativa aprobada para este año el cálculo aproximado de los ingresos que se van a generar por estos pagos, más aún, no se tiene definida la metodología de medición de emisiones, aunque se abrogan la capacidad técnica de medir la huella de carbono.

De acuerdo con el periódico oficial del Gobierno del estado, llamado La Sombra de Arteaga, el poder legislativo local aprobó en cero el monto de la recaudación por los impuestos ecológicos, según consta en la edición del 23 de diciembre del 2021.

En la iniciativa aprobada por los legisladores quedaron varios huecos legales muy importantes. Entre otros la manera en que el Gobierno local va a poder cobrar los impuestos, ya que si bien cada mes están disponibles los reportes de las empresas sobre las emisiones que hacen, el pago estaría considerado como anual.

De acuerdo con los especialistas

consultados, otra laguna legal que enfrentan las empresas es que el impuesto en general está aprobado así como las disposiciones generales, pero, dada la redacción del texto, podría cobrarse hasta 2023.

LOS EFECTOS

La medida afecta a diversos sectores económicos, entre otros, el sector energético de la entidad como es el caso de transporte y almacenamiento de combustibles como gasolina y diésel, a la CFE y Pemex, el sector agroindustrial, construcción, metalmecánico, logística y transporte, así como a parques industriales.

Los cálculos que se tienen en el sector privado es que se afectarán a por lo menos mil 500 empresas medianas y grandes que ya operan en la entidad y representan más de 4 mil 500 empleos directos. Además, frena a cerca de 100 proyectos que estaban por cerrarse en este año y a principios de 2023.

En el Dictamen de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2022, y que fue votado a favor por el Congreso local en diciembre del año pasado, se estipula la creación de tres impuestos ecológicos: de emisión de gases, almacenamiento de residuos y remediación ambiental.

En el caso de los impuestos a las emisiones de gases se hace una justificación sobre las emisiones de bióxido de carbono resultantes y que deben de estar registradas en un libro que estará a disposición de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Desarrollo Sustentable para efectos de medios de gestión y de control, vigilancia y registro de las emisiones de bióxido de carbono.

Los reportes que deberán de ser entregados son: Registros de Emisiones y Transferencias de Contaminantes de la Semarnat; más los mismos reportes a nivel estatal que deben ser entregados a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del estado.

Junto con las obligaciones fiscales, las empresas además se deben de sujetar a un protocolo que inicia 10 días después de que hayan iniciado operaciones además de presentar todos los avisos, registros, informes y documentos.

LOS AMPAROS

El impuesto ecológico por emisiones puede ser impugnado en tribunales por medio de un amparo indirecto en los juzgados de distrito competentes, de hecho, las empresas han comenzado a recurrir a este proceso en los tribunales colegiados en materias administrativa y civil.

Las impugnaciones se debieron de dar a más tardar el 14 de febrero luego de que entraron en vigor los impuestos ecológicos, específicamente los vinculados a las emisiones.

La laguna legal existente por la operación del impuesto hizo que no se aplique el primer pago trimestral. La aprobación en diciembre debería de haber provocado que el impuesto se enterara cada tres meses, en ese sentido, el primer amparo contra el acto administrativo debería haberse hecho en marzo de 2022 en el caso de los impuestos por extracción de materiales y residuos y en el 2023 contra la emisión de gases.

Otras estrategias legales que se han planteado tienen que ver con recurrir a la Suprema Corte de Justicia para buscar que la validación de los impuestos se haga en tribunales que sean totalmente desapegados al Poder Ejecutivo local.

Están pendientes las nuevas normatividades por parte del Gobierno del estado para encontrar los mecanismos de registro, reducción y compensación de las emisiones de gases de carbono.