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Ultimátum para que se reinstale a comerciantes


El Sol de San Juan del Rio

Sábado 2 de Junio del 2018

Por Dolores Martínez

De acuerdo con un dictamen emitido por el juzgado quinto federal de distrito en Querétaro, se dio un ultimátum al gobierno municipal de San Juan del Río para reinstalar a los comerciantes de la unión Jardín Independencia, mismos que fueran desalojados hace casi dos años, señaló David Roque Hernández, abogado de esta agrupación, quien destacó que si las autoridades no acatan esta resolución en un plazo de cinco días, podrían destituir al presidente municipal, secretario de gobierno y de finanzas.

Explicó que la actual administración no ha sujetado las diferentes resoluciones emitidas a través de distintos amparos que protegen a los comerciantes, sin embargo, el documento que emitió dicha instancia este jueves, es la última llamada para que los vendedores de antojitos mexicanos regresen a la plaza independencia.

“La administración había solicitado una aclaración de sentencia, y el jueves el juzgado quinto al resolver sobre el incidente de la aclaración, le notificó al ayuntamiento que tenía un plazo de cinco días a partir de este documento para reinstalar a los comerciantes”.

Subrayó que en la sentencia se hace énfasis en caso de no acatar esta disposición, se procedería a la destitución del alcalde, secretario de gobierno y secretario de finanzas públicas municipales, y que aplica para los que fueron notificados en su momento, pero también a los que están de forma interina.

Roque Hernández sostuvo que el documento ampara a Guadalupe Méndez Gómez, Julia Méndez Gómez, Gustavo Méndez Gómez, Enriqueta Méndez Gómez, Pompilia Martínez Bocanegra, René Silva Pérez, Leopoldo Salas Real, Nicolás Hernández Mancilla, Antonio Espino Sánchez, Cristina Espino Sánchez y Modesto Espino Sánchez.

En el punto tercero de esta resolución se agregó que de no reinstalarlos en el sitio donde ejercía, también se podría imponer una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMAS).

Cabe recordar que este conflicto inició en agosto del 2016, cuando la administración municipal desalojo a 22 puestos semifijos que se encontraba laborando desde hace más de 30 años, y desde entonces se han estado siguiendo procedimientos jurídicos para que vuelvan a trabajar en este espacio.


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