Monsetrrat García

San Juan del Río, Qro.- La presidencia municipal de San Juan del Río está en proceso de que le sean embargadas tres cuentas bancarias por un laudo, en el que la autoridad jurisdiccional instruye pague a cuatro ex trabajadores alrededor de seis millones de pesos, luego de resolverse que fueron despedidos de forma injustificada.

Al respecto, Enrique Fernández de Cevallos y Castañeda, secretario de Administración, informó que ayer por la mañana acudió a la Presidencia Municipal Norma Angélica Rocha Ferrer, ex empleada demandante y representante legal de ex trabajadores, quien en compañía de un actuario de la Junta de Conciliación y Arbitraje, fueron a ejecutar un embrago por el laudo.

Indicó que el gobierno municipal ofreció 12 vehículos y un predio valuado entre cuatro y cuatro millones y medio de pesos, el cual está ubicado en la colonia Granjas Banthí, con lo que consideraron podría cubrirse el monto del adeudo; no obstante, la parte actora optó en señalar tres cuentas bancarias para dicho embargo.

"El laudo ya está dictado, en el cual la presidencia no se niega a pagar, pero no tenemos el recurso suficiente para hacerlo, sin embargo, en el momento de la diligencia señalamos un terreno y vehículos con los que se daba cumplimiento el valor del laudo, sin embargo no se nos permitió y la parte actora señaló tres cuentas, dos de Banorte y una de Santander".

Dijo desconocer con exactitud cuáles son las cuentas bancarias que hasta ayer estaban en proceso de embargo, ya que no fueron mostradas por el actuario, razón por la que ignora qué monto tiene cada una.

Esta circunstancia inició desde el inicio de la actual administración, razón por la que en octubre del año pasado el Municipio interpuso un amparo para evitar el embargo: "Este asunto se viene arrastrando desde la administración del ex presidente, Gustavo Nieto, son las secuelas de las malas administraciones que han estado y que perjudican hoy en día a la actual".

Se trata de tres ex trabajadores sindicalizados de la presidencia municipal, así como uno del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), quienes por el mandato judicial también deben ser reinstalados.

El funcionario explicó que en otros asuntos se logró convenir con los ex trabajadores, sin embargo, en este caso no fue posible llegar a un acuerdo, ya que no hay flexibilidad por parte de los ex empleados, dado que al ser una resolución judicial exigen el pago total, lo que imposibilita a la Presidencia, pues no cuenta con la liquidez suficiente para hacer el desembolso en una sola exhibición. 

Explicó que se agotarán todas las opciones a efecto de llegar a un arreglo, ya que no hay negativa de pago, mientras tanto el gobierno municipal hará lo que corresponda conforme a derecho, con el objetivo de evitar ser acusados de desacato.