El Sol de San Juan del Río
9 de julio de 2012
Armando Velazco
San Juan del Río, Qro.- El Juez Segundo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de San Juan del Río, dictó sentencia condenatoria en contra de Daniel Velázquez Rivera "El Burras"; Luís Miguel Torres Alvarado "El Costeño" y Joel Nava Hernández "El Dino", por su responsabilidad en la comisión de los delitos de secuestro calificado, homicidio calificado, robo calificado, violación y secuestro calificado en grado de tentativa, dentro del proceso 433/2010.
Con base en las pruebas que el Ministerio Público de Procesos presentó al Juez de la causa, se dictó sentencia condenatoria bajo los siguientes términos: En contra de Daniel y Joel, por los delitos de secuestro calificado en agravio de cinco ofendidos; secuestro calificado en grado de tentativa, en agravio de dos víctimas; homicidio calificado, en agravio de tres ofendidos; robo calificado, en agravio de tres ofendidos y robo simple, en agravio de una víctima; a una pena conjunta de 383 años y dos meses de prisión; multa de 39 mil 763 pesos; pago de manera conjunta de 636 mil 139 pesos, por concepto de reparación del daño y 21 mil 788 por concepto de reparación de daño moral, a favor de dos ofendidos.
En relación a Luís Miguel Torres Alvarado, por los delitos de secuestro calificado, en agravio de cinco ofendidos; secuestro calificado en grado de tentativa, en agravio de dos ofendidos; homicidio calificado, en agravio de tres víctimas; robo simple, en agravio de una víctima y violación, en agravio de una ofendida; a una pena de 397 años y dos meses de prisión; multa de 39 mil 763 pesos, pago de manera conjunta por la cantidad de 636 mil 139 pesos por concepto de reparación del daño y 21 mil 788 pesos por concepto de reparación de daño moral a favor de dos ofendidos. Cabe hacer mención que, de acuerdo a lo que contempla la Ley Sustantiva Penal, la temporalidad máxima que deberán permanecer los imputados en prisión es de 50 años.
La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que, a mediados de octubre de 2010, fueron privadas de la libertad dos personas, las cuales -primeramente- fueron contactadas vía telefónica por sus plagiarios, bajo el argumento de que tenían interés en un inmueble que ofrecían en renta en el municipio de Pedro Escobedo. Finalmente se logró la liberación de las víctimas, en condiciones íntegras de salud.
Posteriormente, se reportaron dos secuestros más, los cuales cometieron de forma aleatoria en un mismo día, privando de su libertad a tres jóvenes, una de sexo femenino. En esta ocasión, dos de ellos fueron liberados mientras que el tercero fue privado de la vida y su cadáver hallado en la barranca "Las Hundidas", en el municipio de San Juan del Río.
De igual forma, la autoridad tomó conocimiento de la desaparición de dos cazadores; al iniciar la búsqueda en los lugares aledaños, fueron localizados sin vida en un terreno natural situado sobre la carretera estatal Galindo-Amealco, perteneciente al municipio de San Juan del Río.
Como parte de las investigaciones realizadas -en su momento- por los agentes de la Dirección de Investigación del Delito fue posible establecer que dichas personas fueron privadas de su libertad por los mismos sujetos que cometieron los plagios antes mencionados, quienes además los privaron de la vida antes de solicitar algún rescate a sus familiares.
Tras el seguimiento de las diversas líneas de investigación, los Agentes Investigadores del Delito lograron la ubicación y detención de los ahora responsables; sin embargo, con la intención de robustecer las indagatorias, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de arraigo por 30 días al Juez Octavo de Primera Instancia Penal, medida que fue concedida.
Con las investigaciones, indicios recabados y las declaraciones múltiples vertidas en las averiguaciones previas iniciadas fue posible acreditar -en su momento- la probable responsabilidad y participación en los hechos de Daniel Velázquez Rivera, Luís Miguel Torres Alvarado y Joel Nava Hernández, por la comisión de los delitos antes señalados.
Con los resultados antes expuestos, la Procuraduría General de Justicia del Estado, cumple con el compromiso legal y ante la ciudadanía, de darle el seguimiento respectivo a los procesos penales y obtener la sanción que les corresponda a los responsables del delito, además de pugnar por la reparación del daño a los ofendidos.
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