El Sol de San Juan del Río
1 de abril de 2011
Armando Velazco
San Juan del Río, Qro.- Por los delitos de secuestro y homicidio agravado, en los municipios de Pedro Escobedo y Huimilpan, fueron consignadas ante las autoridades impartidoras de justicia, siete personas que se encontraban arraigadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado.
En su momento, la Unidad Especializada en la Investigación y Combate al Secuestro, inició la averiguación previa SC/11/2011, con motivo de la misteriosa desaparición de una pareja originaria de la comunidad de La Ceja, municipio de Huimilpan. Posteriormente, se dio inicio al acta SC/16/2011, en virtud de la desaparición de una persona más en Pedro Escobedo.
Los consignados por la PGJE ante un Juez Penal, responden a los nombres de Pedro Anaya Chávez; Benito Pérez Guerra; Daniel Leal Campos; Adalberto Alcázar Bustos; Oswaldo Díaz Millán; Sofía Araceli Martínez Jiménez y Cristina Mirelles Gallegos.
La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que, con las indagatorias realizadas por agentes de la Dirección de Investigación del Delito, fueron consignadas los siete probables responsables de los delitos antes señalados, delitos que fueron esclarecidos después que los imputados permanecieron bajo la medida cautelar de arraigo, esto como parte de las averiguaciones previas SC/11/2011 y SC/16/2011. La solicitud de arraigo tenía como finalidad reunir todos los elementos necesarios para integrar las averiguaciones, así como determinar la exacta participación de los probables responsables en los hechos que se les imputan.
Con motivo de las labores de inteligencia y táctica policial por parte de la DID, realizadas en diversos municipios, se logró la detención de los imputados, solicitando el Ministerio Público a la autoridad judicial autorización para desahogar cateos en el interior de un domicilio en la comunidad de San Pedro, municipio de Huimilpan, donde se aseguraron seis armas largas, tres armas cortas, cargadores y cartuchos, así como varios objetos personales. Asimismo, se revisó un predio en una zona cerril de la comunidad de Capula, en el mismo municipio, donde se localizaron los cuerpos sin vida de tres personas, los cuales correspondían a las denunciadas como privadas de su libertad.
Durante el periodo de arraigo, la autoridad ministerial y elementos de la DID ahondaron en las indagatorias, reuniendo y desahogando diversos medios de prueba que concatenados con los ya existentes en la primera averiguación previa, concluyeron que aún cuando los imputados obtuvieron el pago del rescate por la pareja privada de su libertad, desde un inicio el grupo delictivo había decidido terminar con sus vidas.
En la segunda averiguación previa SC/16/2011, los probables responsables decidieron que la víctima sería una persona que, con anterioridad les había rentado un inmueble. Para llevar a cabo la privación de la libertad lo citaron con el pretexto de estar interesados en rentar nuevamente la vivienda, y al estar con ella, la secuestraron.
Tras algunas negociaciones para el pago, la familia del ofendido entregó el efectivo, además de documentos que acreditaban la propiedad de un vehículo. Debido a que la víctima reconoció a los imputados, éstos tomaron la decisión de matarla ante el temor de ser denunciados.
Durante el arraigo, el Ministerio Público Investigador, elementos de la DID y personal Servicios Periciales, obtuvieron pruebas suficientes en materia de Genética, Dactiloscopia y Balística, entre otras, que vincularon mediante el perfil genético, huellas dactilares y el uso de las armas de fuego aseguradas a los probables responsables con las víctimas. Por lo que respecta a las armas de fuego, se determinó científicamente que las aseguradas fueron las mismas que utilizaron para privar de la vida a los secuestrados. Basados en esta vinculación, además de las declaraciones de los detenidos y testigos, el Juez de la Causa obsequió las órdenes de aprehensión contra los siete implicados, dentro del expediente 19/2011.
Por cuanto ve al delito de secuestro agravado ocurrido en Huimilpan, la autoridad judicial obsequió la respectiva orden de aprehensión en contra de Pedro Anaya Chávez "El Ronco" y/o "El Tamaulipas"; Benito Pérez Guerra "El Ingeniero" y/o El Conta" y/o "El Bodoque"; Daniel Leal Campos "El Solado" y/o "El Soldadito"; Cristina Mirellas Gallegos "Tina" y/o "Mellado", asimismo se giró orden de captura por el delito de homicidio calificado, contra de los antes mencionados, salvo para Cristina Mirelles Gallegos. Ambos delitos en agravio de dos ciudadanos.
En el caso de secuestro agravado en Pedro Escobedo, el Juez de la Causa concedió orden de aprehensión en contra de los siete detenidos ya citados, hecho ocurrido en agravio de un ciudadano, el cual fue privado de su libertad, y por consecuencia se emitió la respectiva orden por el delito de homicidio calificado en contra de los mismos.
Los imputados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial e internados en el Centro Preventivo y de Ejecución de Sanciones Penales correspondiente. Con estos hechos, la Procuraduría General de Justicia del Estado refrenda su compromiso de servir a la ciudadanía en el esclarecimiento de hechos delictivos.
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