El Sol de San Juan del Río
5 de enero de 2011
Héctor Ayala
San Juan del Río, Qro.- El ex regidor perredista Jorge Torres Gómez, fue detenido en Paseo Central por el delito de fraude por aproximadamente 300 mil pesos en agravio de decenas de personas, por la venta irregular de lotes de un predio ejidal ubicado en La llave.
El acatamiento judicial fue ejecutado al pie de la letra con orden de aprehensión obsequiada por el Juez Primero de Primera Instancia Penal de San Juan del Río, e inmediatamente Torres Gómez fue internado en el Centro de Readaptación Social, donde está a disposición de la autoridad competente.
Fuentes dignas de todo crédito informaron que la detención de quien fuera regidor en la administración municipal 2000-2003, Jorge Torres Gómez, fue hecha efectiva por la Procuraduría General de Justicia del Estado el 31 de diciembre de 2010, cuando los perseguidores del delito lo ubicaron en Av. Paseo Central, donde se le mostró la orden de aprehensión y con ello se le dio cumplimiento a la orden del Juez Penal que lo requería.
En el expediente 336/2010 radica todo lo relacionado al fraude en detrimento al patrimonio de decenas de familias, a las que el ex funcionario perredista vendió lotes de un terreno ejidal del que se apropió en el lugar ahora conocido como "El Paraíso", sitio que geográficamente se ubica al norte de la comunidad de La Llave.
De igual manera se dio a conocer que el ahora detenido y también hermano de la actual regidora por el PRD, Gabriela Torres, nunca entregó los lotes que ilegalmente vendió a gente de escasos recursos económicos que tenían la ilusión de levantar una vivienda, y menos hizo entrega alguna de escrituras que acreditaran a los compradores como propietarios de esos lotes considerados como irregulares.
El hecho que se le imputa es considerado como delito por Seguridad y Orden de Desarrollo Urbano, y que de acuerdo a la ley, no tiene derecho al beneficio de la libertad bajo fianza. El ex concejal rindió su declaración preparatoria en la rejilla de prácticas del CERESO de San Juan del Río, donde se le notificó de su estado legal al que enfrenta.
Las familias afectadas, en su momento interpusieron su formal denuncia en el Ministerio Público, que en base a las pruebas presentadas por los demandantes, remitió la averiguación previa a la Oficialía de Partes con sede en el CERESO, y de ahí fue canaliza al Juzgado Penal correspondiente, en este caso al Primero de Primera Instancia Penal. |
